El nuevo Plan Renove, subvencionará también a los diésel y gasolina y obligará a achatarrar un coche antiguo
El plan se encuadra dentro del programa de estímulo de 3.750 millones de euros para el sector del automóvil avanzado por Sánchez el pasado domingo, denominado Plan de impulso a la cadena de valor de la automoción. De ellos, 1.050 millones se destinarán a incentivar la compra de vehículos nuevos de todas las tecnologías. 550 correspondena a ayudas directas a particulares y organismos públicos, y habrá además una línea ICO para la adquisición de vehículos industriales y comerciales.
«La automoción es un sector estratégico para nuestra economía y para el bienestar de nuestro país», ha asegurado Sánchez, que ha definido el plan «de choque» presentado hoy «para toda la cadena de valor» como «ambicioso», con el objetivo de «amortiguar las enormes consecuencias sobre el futuro del sector de la crisis del Covid, también mientras miramos al futuro».
De la dotación total de 3.750 millones de euros, 1.535 millones se movilizarán desde este año y otros 2.210 millones desde 2021. De estas cuantías, 300 millones de euros serán para la renovación del parque publico y adaptación de los entornos urbanos, 250 millones serán para la renovación del parque de vehículos, 415 para la investigación y el desarrollo industrial, 2.690 serán para inversiones en cadena de valor y 95 en cualificación y formación profesional, ha detallado Sánchez. Además, habrá 100 millones de euros para que la administración general del Estado renueve su flota de vehículos, y se habilitará que las entidades locales destinen parte de su superávit (hasta 100 millones de euros) para adquirir modelos más eficientes.
Inferior a 120 gCO2/km
Para acceder a la ayuda a la compra de vehículo será obligatorio achatarrar un turismo de más de diez años, o un comercial de más de siete años y el nuevo modelo a adquirir deberá estar «entre los más eficientes de la oferta». El vehículo a entregar deberá tener la ITV vigente a la entrada en vigor del programa de ayuda o del estado de alarma para garantizar que se trata de un vehículo que efectivamente se encontrara en circulación, y cuya titularidad haya sido del beneficiario o de un familiar de primer grado, durante al menos un año para evitar posibles distorsiones en el mercado de segunda mano.
En el caso de turismos, el vehículo a adquirir deberá tener la etiqueta energética A o B, y tener emisiones inferiores a 120 gCO2/km, o emplear energías alternativas. En el caso de los vehículos comerciales ligeros, la limitación se eleva hasta los 155 gCO2/km. La ayuda variará en función de las emisiones del vehículo, priorizando a los más eficientes. Habrá además una ayuda adicional por achatarramiento de vehículos de más de 20 años.
Hasta 5.000 euros
Para los particulares, la ayuda será de hasta 4.000 euros si se adquiere un vehículo con etiqueta Cero de la DGT, 1.000 si se adquiere un ECO con etiqueta energética A; u 600 si es B; u 800 para un vehículo con etiqueta C y calificación energética A; y 400 con etiqueta C y calificación energética B. Para las Pyme, las ayudas serán de hasta 3.200 para adquirir un vehículo Cero, 800 un Eco y 650 un C. [ El etiquetado energético de cada modelo se puede consultar en la página web del instituto energético IDAE]. El sector aplicará un descuento obligatorio y equivalente de la misma cuantía que la ayuda estatal, excepto en caso de los vehículos de etiqueta Cero, en que el descuento adicional será de 1.000 euros.
El plan tendrá asimismo una «perspectiva social», puesto que ofrecerá una ayuda adicional para personas con movilidad reducida o con una renta familiar inferior a los 1.500 euros al mes. En este caso, estas cuantías se incrementarán en 500 € en el caso de que el destinatario sea una persona física con una renta inferior al del percentil 40 de renta o con movilidad reducida, o el vehículo a achatarrar tenga más de 20 años.
Se establece un límite superior de precio para los turismos de 35.000 euros (que se eleva a 45.000 euros en caso de personas con movilidad reducida o vehículos con etiqueta Cero), lo cual permite poner el foco en un tamaño de vehículo mediano y pequeño, orientado por tanto a menores emisiones de CO2. Se permitirá la adquisición de vehículos usados matriculados a partir del 1 de enero de 2020, para facilitar que los concesionarios den salida a los vehículos automatriculados que tienen en stock.
También habrá un programa específico para incentivar la adquisión de vehículos eléctricos e híbridos enchufables. Las ayudas a estos modelos se articularán a través de la segunda edición del Plan Moves, cuya cuantía se incrementa desde los 65 millones previstos inicialmente hasta 100 millones de euros. Según el Ejecutivo, cada millón de euros destinado al plan Moves supondrá la generación de entre 3,6 y 4,1 millones de euros adicionales al PIB nacional y un aumento de los ingresos fiscales de entre 1,5 y 1,6 millones de euros. Su gestión, como en la edición anterior, se llevará a cabo de forma compartida con las Comunidades Autónomas de acuerdo con sus competencias. El Moves no será complementario con las ayudas generales, sino que es el encargado de bonificar a estos modelos de Cero y muy bajas emisiones.
Compromiso de los fabricantes con España
A cambio de este paquete de estímulo, los fabricantes se comprometen a avanzar en la descarbonización del parque de vehículos y en la atracción de nuevos modelos eléctricos y electrificados para su fabricación en España. Un compromiso solicitado expresamente por los sindicatos, representados por Pedro Hojas, secretario general de UGT Fica, y Agustín Martín. «Exigimos y pedimos reciprocidad a los fabricantes, después de que antes de este plan haya abandonado un fabricante el país», ha asegurado Martín, secretario general de Industria de Comisiones Obreras, en referencia al cierre de la planta de Nissan en Barcelona.
Los fabricantes priorizarán sus esfuerzos de inversión de modo que en 2030 se alcance al menos una producción anual de entre 700.000 y 800.000 vehículos electrificados (eléctrico puro y enchufable) y los componentes necesarios, lo que permitirá mantener la cuota anual del 12% de penetración en el mercado europeo. Asimismo, desde la industria de la automoción se impulsará y colaborará con el resto de los agentes involucrados para priorizar el desarrollo de las infraestructuras de recarga eléctrica, con un objetivo de alcanzar 340.000 puntos de recarga para 2030 y 830.000 en 2040.
Semejante al Plan PIVE
El plan ha sido muy bien recibido por el sector del automóvil, que han agradecido específicamente a la ministra de Industria, Reyes Maroto, su implicación. «Este plan nos va a dar muy buenas noticias a todos en los proximos meses», ha asegurado Gerardo Pérez, presidente de la federación de concesionarios Faconauto, que ha destacado que la reactivación de la demanda «hace más fácil que podamos cumplir con nuestro compromiso de mantener el empleo, con más de 160.000 trabajadores, y crear nuevos puestos de trabajo». «Es una palanca muy efectiva para que el sector pueda avanzar con pie firme en la transición ecológica y tecnológica, gracias al impulso a la innovación en procesos, que permitirá atraer más modelos a España y a los componentes seguir siendo competitivos», ha valorado María Helena Antolín, presidenta de Sernauto.
«Este plan da respuesta a la renovación del parque, que es la mejor forma de acelerar la descarbonización, e impulsa las ventas de vehículos eléctricos y la inversión industrial por procesos, manteniendo a las personas en el centro. Es muy importante que las personas estén en el centro de la movilidad», ha afirmado por su parte José Vicente de los Mozos, presidente de Anfac. El también responsable de Fabricación de Renault ha pedido que el plan «se implemente de forma sencilla y rápida. Hemos visto con pasados planes que la calidad de ejecución es clave». De los Mozos ha pedido también «no dudar» del compromiso de las diferentes marcas. «Hemos demostrado que estamos y queremos seguir estando en España».
Con estas ayudas, se estaría recuperando la filosofía de los conocidos como Planes PIVE, que se articularon para incentivar la demanda durante la crisis económica y con los que se favoreció la renovación del parque español de automóviles, que actualmente es de los más viejos de Europa Occidental, con una antigüedad media de 12,5 años. En sus ocho ediciones, vigentes entre 2012 y 2016, los PIVE contaron con una dotación total de 1.115 millones y beneficiaron a 1.173.035 compradores.
Revisión de las etiquetas de la DGT
El plan aborda otras medidas de calado, como la revisión de las etiquetas medioambientales otorgadas por la Dirección General de Tráfico (DGT) antes de julio de 2021. Para ello, la DGT establecerá un grupo de trabajo interministerial que deberá valorar la necesidad de su actualización, consensuada con el sector y con el resto de agentes involucrados y, en su caso, elevará una propuesta en los próximos 6 meses. Este sistema de etiquetado ha sido cuestionado en el pasado, puesto que encuadra en la misma categoría, Cero, a vehículos eléctricos y a modelos enchufables, que pueden circular únicamente con el motor térmico en funcionamiento.
También aborda la implementación «de mecanismos normativos y de impulso que sean necesarios para el despliegue acelerado de una infraestructura de recarga de primer nivel en nuestro país, con el objetivo de lograr los 50.000 puntos de recarga antes de 2023». Actualmente, existen unas 5.500, según el Observatorio de Vehículo Eléctrico de la Universidad Pontificia de Comillas.
Asimismo, se extenderá una línea ICO para la adquisición de vehículos de uso profesional, con avales para la financiación de vehículos comerciales e industriales que podrían rondar los 500 millones de euros. Habrá un sub-tramo específico de la línea de avales ICO-COVID dirigido a autónomos y empresas, y facilitará la renovación de los vehículos comerciales e industriales, incluyendo autobuses y autocares con avales de hasta el 80%.
También habrá una adaptación de las condiciones de la línea de préstamos del Plan de Reindustrialización (Reindus) modificando a la baja los tipos de interés de los préstamos (0,1% para pymes y 0,19% para las grandes empresas, el primer año), ampliación de los conceptos elegibles a las inversiones y retroactividad para los proyectos iniciados desde el 1 de marzo de 2020.
Tras Alemania y Francia
En el ámbito europeo, Francia anunció a finales de mayo un plan con hasta 8.000 millones de euros para apoyar a la industria gala del automóvil, de los cuales unos 1.000 irían directamente destinados a incentivar la adquisición de vehículos nuevos. En los coches de hasta 45.000 euros, ofrecerá ayudas de hasta 7.000 euros -5.000 para las empresas-; 2.000 euros en el caso de los híbridos enchufables. También incentivará la renovación del parque, con hasta 3.000 euros para quien achatarre su viejo vehículo a cambio de adquirir uno nuevo, diésel o gasolina; 0 hasta 5.000 euros en caso de que el nuevo vehículo sea eléctrico, lo que permitirá a los compradores de vehículos eléctricos hacerse con una ayuda conjunta de hasta 12.000 euros.
Por su parte, Alemania también anunció hace dos semanas un plan con 2.200 millones de euros para incentivar la compra de automóviles ‘cero emisiones’ y flotas de vehículos eléctricos, doblando de 3.000 a 6.000 euros el incentivo por vehículo para los compradores de modelos eléctricos (cuantía a la que hay que sumar otros 3.000 puestos por los fabricantes). Los estímulos no se extenderán a los coches diésel o gasolina, pero éstos sí se veran beneficiados por la reducción temporal del IVA del 19% al 16%. El país también destinará 2.500 millones de euros al desarrollo de infraestructuras de recarga para coches eléctricos y a la producción de baterías y 7.000 millones de euros a intensificar el uso del hidrógeno como energía.
De otro lado, Italia baraja aprobar en julio un plan para incentivar el achatarramiento de vehículos antiguos y adquirir nuevos modelos diésel y gasolina Euro6, con ayudas de hasta 4.000 euros por vehículo, dentro de una partida dea 250 millones de euros. El país transalpino ya incentiva la compra de modelos eléctricos y enchufables. Además, el principal fabricante del país, Fiat Chrysler, ha pedido un préstamo con aval estatal por valor de 6.300 millones de euros.
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